En esta publicación se presenta la sistematización de la experiencia con el objetivo de identificar los factores clave en la implementación del pilotaje de la ruta de atención con las municipalidades del Progreso y San Pedro Sula que facilitaron la articulación de acciones entre Médicos del Mundo y la Comisión Interinstitucional de Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y que se enmarca en el trabajo de la Dirección de Protección a las Personas Desplazadas Internamente por Violencia (DIPPDIV)
En el marco del proyecto “Institucionalizar en coordinación con las municipalidades, mecanismos de respuesta en salud mental a víctimas del desplazamiento interno por violencia y retorno forzado en los municipios de El Progreso y San Pedro Sula” que se ejecutó con fondos de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional -GIZ- se elaboraron mecanismos municipales de respuesta en salud mental en los municipios de El Progreso y San Pedro Sula, dando lineamientos para la atención a personas Desplazadas Internamente (DI) por Violencia y Retorno Forzado (RF), implementados por las municipalidades.
En el caso de Honduras, la violencia sigue haciendo estragos en las comunidades con una tasa 35.8 homicidios por 100,000 habitantes en 2022, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de Honduras. Esta situación impulsa a miles de personas a desplazarse forzosamente. Otros miles de personas hondureñas toman rutas migratorias y cruzan por puntos ciegos, buscando soluciones de protección fuera de su país. Estas personas representan una parte solamente de los miles de personas hondureñas que migran hacia México y EUA, muestra de ello fueron deportadas 250,468 personas a Honduras en 2022 según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, un aumento de 45% comparado a 2021. En estas condiciones, es difícil considerar que Honduras pueda ser un tercer país seguro, a pesar de lo que estable los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo (ACA) firmado con EUA, donde se define que personas de diferentes nacionalidades puedan ser trasladadas a Honduras para realizar su solicitud de asilo y recibir protección por parte del Estado.
