Según el informe de EAPN 2024 sobre el estado de la pobreza en las Islas Baleares, el 46% de la población balear tiene problemas para llegar a fin de mes. Más de 250.000 personas están en situación de pobreza o exclusión social, pese al creciente estado económico de la Comunidad Autónoma debido a la industria turística.
El acceso a la vivienda se convierte en una dificultad principal para la sociedad balear, lo que eleva que las personas con mayores vulnerabilidades se encuentren en riesgo de la pobreza.
El derecho al empadronamiento es un problema principal para el acceso a derechos principales, como a la atención sanitaria. Las personas migrantes en situación irregular se ven abocadas a situaciones de exclusión por vulneraciones de derechos, por ejemplo, el acceso a la vivienda de alquiler que exige contratos de trabajo o avales imposibles de conseguir.
Esta situación genera un engranaje de precariedad, ya que, al no acceder a una vivienda digna, las personas migrantes suelen verse obligadas a vivir de manera hacinada o en situación de sinhogarismo.
Personas en situación de prostitución en las Islas Baleares
Las personas en situación de prostitución (mayoritariamente personas migrantes en situación administrativa irregular) se encuentran en otra modalidad de sin hogar y/o vivienda inadecuada puesto que residen en pisos o clubs donde se ejerce la prostitución y no cubren las necesidades básicas (ruido ambiental, olores, aglutinación, poca o nula ventilación…) para ser considerado vivienda digna como establece nuestra constitución y en la declaración de los derechos humanos.
Se suma la imposibilidad de empadronamiento en dichos lugares a pesar de pagar importes altísimos por el alquiler de una habitación (mínimo 200 euros/semana), lo que supone una barrera más para las personas en situación de prostitución.
En las Islas Baleares dependen de la voluntariedad de los ayuntamientos y servicios sociales para atender a las necesidades de este colectivo como es el caso de las personas que residen en el municipio de Palma, que gracias al protocolo creado a través de una red de atención a personas en prostitución, XADPEP, pueden ser empadronadas en los Centros Municipales de Servicios Sociales.
Por el contrario, en otros municipios no cuentan con protocolos para facilitar el acceso al empadronamiento y posterior tramitación de autorización de residencia (TAS).
Una solución sencilla sería replicar las buenas prácticas de un Ayuntamiento que sí tiene en cuenta las dificultades de acceso a los recursos, como es el de Palma.
