La investigación aporta elementos clave para la toma de decisiones institucionales y de la sociedad civil en el marco de reivindicar los derechos humanos de las personas retornadas, principalmente el derecho a la salud desde el enfoque de la determinación social.
La migración de personas de los países del norte de Centro América continúa siendo un proceso social, sostenido y dinámico, el cual ya no solo está marcado por las determinantes sociales, económicas y culturales de siempre, sino también por el impacto de la pandemia por COVID-19. Según la Unidad de Información para los países del Norte de Centroamérica de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- entre enero y diciembre de 2021 retornaron a sus países al menos 125.257 personas; de las cuales 63,808 eran de Guatemala, 52.968 eran de Honduras y 8.481 eran de El Salvador. El retorno es parte del ciclo migratorio y es una de las grandes problemáticas que enfrentan los países del Norte de Centroamérica.
La presente investigación analiza las respuestas estatales y posibles áreas de intervención en materia de acceso a salud integral en Honduras, El Salvador y Guatemala para personas migrantes retornadas y los impactos que la COVID-19 ha tenido particularmente en relación con la garantía del derecho universal a la salud en el proceso de retorno/deportación. Fue realizada por Médicos del Mundo en el marco del proyecto “Asistencia multisectorial a personas afectadas por otras situaciones de violencia (OSV) y personas con necesidad de protección internacional (PNPI) en el norte de Centroamérica y México” el cual se ejecuta con fondos de la Oficina para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea -ECHO por sus siglas en inglés-en consorcio con el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y OXFAM.
Esta investigación aporta elementos clave para la toma de decisiones institucionales y de la sociedad civil en el marco de reivindicar los derechos humanos de las personas retornadas, principalmente el derecho a la salud desde el enfoque de la determinación social y es también un llamado a la acción para activar todos los mecanismos necesarios que coloquen en las agendas nacionales y regionales el derecho a la salud de las personas retornadas, para mejorar no solo las condiciones de atención, sino también impactar sus vidas de tal forma que puedan recomponer sus emociones, restablecer por completo su salud, nutrición, salud mental y sobre todo dignificar su vida.
