El sistema sanitario gallego se está desmantelando, el personal está saturado y son constantes las directrices, indicaciones y medidas que ponen en marcha un aparato de exclusión, un discurso de odio muy radicado en los titulares de responsabilidades que funcionan como modelo de persuasión intenso para prevenir el uso del sistema. Paralelamente, el modelo de privatización y mercantilización del derecho a la salud crece, excluyendo del sistema precisamente a esas personas que son más vulnerables, tanto por motivos de salud, económicas y de procedencia. Esta situación hace imprescindible nuestra presencia en Galicia como vigilantes del acceso al derecho a la salud, para tener la posibilidad de defenderlo y de denunciar aquellas circunstancias que hacen que la universalidad se vea comprometida. Un hecho a destacar es que por primera vez, la Xunta de Galicia ha sacado un comunicado conjunto sobre la gestión de recursos a través de las ONGD.
Constatamos un preocupante problema entre la juventud gallega, en la que se detectan altos índices de machismo, racismo y xenofobia, producto de la falta de conciencia en los sistemas y programas educativos de los valores inherentes a los Derechos Humanos y en las relaciones de género e interculturales.
La situación de los colectivos más vulnerables en Galicia
Los colectivos vulnerables en Galicia afrontan diversos desafíos relacionados con la pobreza, la exclusión social, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos. Entre estos grupos se encuentran personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, personas sin hogar, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género y niños y niñas en riesgo de exclusión social, entre otros.
La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad de estos colectivos, aumentando la brecha social y económica en la región. La crisis sanitaria ha generado problemas de salud mental, aislamiento social, dificultades económicas y la limitación en el acceso a recursos y servicios esenciales para estas personas.
En este contexto, es fundamental que las administraciones públicas, las organizaciones sociales y la sociedad trabajen coordinadamente para apoyar a estos colectivos vulnerables para garantizar sus derechos y promover su inclusión social. Es necesario implementar políticas y programas específicos que aborden las necesidades y demandas de estos grupos, fomentando la igualdad de oportunidades y la protección de sus derechos.
