Volvemos a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir al Gobierno que acabe con la exclusión sanitaria

Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el Real Decreto 7/2018 con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria -una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos-. Sin embargo, esta nueva normativa solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, pero en la práctica nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

Prueba de ello es que, solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que hay 44 mujeres embarazadas, 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas. Además, 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación. Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

Las cifras mencionadas, que son preocupantes, no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes ni siquiera las organizaciones consiguen llegar.

Asimismo, desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid-19, REDER viene denunciando que estos colectivos excluidos del sistema sanitario lo están también del proceso de vacunación. Algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios planes para esta población, pero otras no. Médicos del Mundo hemos registrado más de un centenar de casos en los que las personas a las que correspondía estar vacunadas han debido esperar meses para hacerlo o todavía siguen esperando su cita.

La urgencia de una nueva ley

Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las organizaciones de REDER hemos pedido al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que recoja los siguientes puntos:

• Eliminar la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular.
• Eliminar el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia.
• Reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar.
• Garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, reconociendo de forma expresa la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad.