Llamamiento urgente para proteger a la población en medio de la escalada de violencia en la región costera de Siria
La última ola de violencia en la región costera de Siria, que comenzó el 5 de marzo, ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Las familias de distintas partes del noroeste de Siria, en particular de las provincias de Latakia y Tartous y de las ciudades y pueblos circundantes, que ya sufrían dificultades económicas, una infraestructura de servicios públicos en peligro y la inestabilidad, se enfrentan ahora a la muerte, la destrucción y el desplazamiento. Los intensos combates han convertido las calles, antes abarrotadas, en campos de batalla, obligando a miles de personas a huir de sus hogares.
Amplias zonas de Latakia y Tartous carecen de electricidad, alimentos y agua, ya que los bloqueos de carreteras y los problemas de seguridad han afectado gravemente a la población. Seis grandes hospitales y varias ambulancias han quedado inoperativos debido a las hostilidades. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha registrado la muerte de 111 civiles hasta el momento; sin embargo, la verificación sigue en curso, y se cree que el número real de víctimas mortales es mucho mayor, con informes que hablan de más de 800 civiles muertos, entre ellos 13 niños.
La situación se ve agravada por los desplazamientos masivos dentro de Siria y a través de las fronteras con Líbano. Incluso antes de las últimas hostilidades, la costa ya estaba desbordada por la afluencia de desplazados internos procedentes de otras zonas afectadas por el conflicto, lo que ponía al límite los recursos y las infraestructuras locales.
Esto no puede continuar. Hay que proteger a la población civil, permitir la entrada de ayuda humanitaria y respetar las leyes internacionales. El uso de armas pesadas en zonas pobladas está causando daños irreversibles, y los ataques contra infraestructuras están agravando el sufrimiento humano.
La crisis humanitaria y de protección en las regiones costeras de Siria exige medidas urgentes. El cese inmediato de las hostilidades, la protección de los civiles, las minorías y los grupos vulnerables, el acceso seguro de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos deben ser prioritarios para evitar más víctimas civiles, desplazamientos masivos e inestabilidad. La comunidad internacional y las autoridades pertinentes deben coordinar sin demora sus esfuerzos para proporcionar asistencia vital y trabajar en pro de una resolución sostenible de las hostilidades.
