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Las políticas migratorias españolas siguen sin garantizar los derechos humanos

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España ha avanzado muy poco en la incorporación de medidas que garanticen los derechos de las personas migrantes.

© Médicos del Mundo

Esencial

  • El próximo 11 de marzo en Ginebra  tendrá lugar el Examen regional, para evaluar el cumplimiento del Pacto.
  • Organizaciones de la sociedad civil presentan el informe de evaluación de España: un diagnóstico del grado de cumplimiento del Estado español desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Madrid, 05/03/2024.- Tras casi seis años desde la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, España ha avanzado muy poco en la incorporación efectiva de medidas que garanticen los derechos de las personas migrantes en el marco de las políticas públicas sobre Migración, según un informe presentado por organizaciones de personas migrantes y otras organizaciones de la sociedad civil.

El próximo 11 de marzo en Ginebra, el estado español se enfrenta a un nuevo Examen regional, para evaluar el cumplimiento del Pacto, al que se adhirió en 2018. En este contexto, las organizaciones Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya (CASC), CONVIVE Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui, impulsores de la Red Española del Pacto Mundial para las Migraciones, han presentado el informe “Miradas de la sociedad civil: evaluación y perspectivas antes la revisión regional europea del Pacto Mundial de Migraciones”.

En este sentido Jara Henar, miembro de la Red Española del PMM, ha señalado que aunque hay algunos avances, estos son “deficientes” y no se aplican a todas las personas. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de trato, deja fuera a las personas migrantes en situación irregular o la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería que impone trabas burocráticas para su aplicación.

Ha destacado especialmente la enorme preocupación en la falta de avance en la “apertura o articulación de vías regulares de entrada. Esto supone que se impone un modelo más restrictivo de la movilidad, ya que se prioriza el cierre de fronteras y el acceso a derechos siempre va en función de si tienes papeles o no” ha añadido Henar.

Igualmente, el informe recoge una serie de recomendaciones para lograr una legislación y unas políticas públicas en materia migratoria que pongan en el centro los derechos humanos. En este sentido, las organizaciones le piden al Estado español  que mantenga su compromiso con el Pacto Mundial como marco regulatorio en lugar del Pacto Europeo. “España tiene la enorme responsabilidad de poner los cimientos para construir una sociedad más cohesionada. De lo contrario corremos el riesgo de tener una sociedad a dos velocidades: personas autóctonas con derechos y migrantes sin derechos. Es necesario invertir más en inclusión que en securitización”.

 

Evaluación de las políticas migratorias españolas 

 

El informe evalúa el cumplimiento del estado español en 4 áreas principalmente: la protección de las personas migrantes, el establecimiento de vías legales y seguras, la integración de las personas migrantes y su contribución al desarrollo y el enfoque de género.

Respecto a las políticas que deben asegurar la protección de las personas migrantes, España todavía está lejos de cumplir con la legalidad internacional y de alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto, especialmente por el mantenimiento de las políticas que amparan la externalización de la seguridad de las fronteras, las devoluciones en caliente, los Centros de Internamiento de Migrantes y las pruebas de determinación de la edad a menores, entre otras.

El informe establece que para cumplir con las recomendaciones realizadas por los órganos del Pacto, sería necesario avanzar en dos frentes: mejorar la actual normativa de extranjería que limita y dificulta las vías de entrada regular y en la adopción de medidas concretas para garantizar los derechos laborales de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación administrativa irregular, que no están suficientemente protegidos.

En cuanto a las medidas centradas en la inclusión son reiteradas las recomendaciones centradas en el derecho al empleo, así como el acceso a la educación, la vivienda, la salud o los servicios sociales. Además, la Red de seguimiento del Pacto ha identificado un punto de especial preocupación: la importancia de poner en valor y garantizar la pluralidad cultural.

Por último, persiste la ausencia de perspectiva de género en las políticas migratorias españolas. Es especialmente preocupante la ausencia de un enfoque interseccional. Por ejemplo, muchos de los indicadores no tienen un desglose por género, y hay una falta de desarrollo de protocolos y medidas de protección específicas para las mujeres y las niñas.

 

Pacto europeo de migraciones y asilo

 

Desde la dimensión europea, preocupa especialmente la adopción del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, implicando un marco más restrictivo de derechos y un refuerzo del control de fronteras exteriores de la Unión Europea, alejándose así de los principios que vertebran el Pacto Mundial.

En este sentido, las organizaciones denuncian que se han impuesto las posturas más duras en el Consejo de la Unión Europea, a favor de conceptos abstractos como “instrumentalización” o “crisis”, así como de la criminalización del rescate, la inclusión de la infancia en procedimientos rápidos de frontera (en contradicción con el interés superior de los niños/as y el derecho al asilo), el refuerzo de la externalización de fronteras y el descarte de las vías legales y seguras.

 

El papel de la sociedad civil

 

Vladimir Paspuel, miembro de la Red Española del Pacto, ha destacado el papel fundamental que juega la sociedad civil en la labor de seguimiento del Pacto, ya que conocen de primera mano el impacto de las políticas migratorias en las personas y tienen capacidad de generar propuestas efectivas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos. “Necesitamos que las personas migrantes salgan de la invisibilidad. Aunque ellas mismas, o las organizaciones que les representan, apenas tienen interlocución con las instituciones públicas, es importante que las personas migrantes tengan voz, que no sean ajenos a las políticas y leyes que les atraviesan y les afectan”, señalaba Paspuel.

En el informe han contribuido más de 40 organizaciones de la sociedad civil de diferentes territorios del Estado español.

Descargar el informe completo en pdf: https://sociedadcivilpactomundial.org/wp-content/uploads/2024/03/Informe-Miradas-Sociedad-Civil-OK.pdf

Audio declaraciones Vladimir Paspuel: https://drive.google.com/file/d/1ycWejedc8ZEFKs3I1GJC100tME2mCYnk/view?usp=sharing

Audio declaraciones Jara Henar: https://drive.google.com/file/d/1Q-p4z-QVaVnOvmDR6D0s_iFnxv21W2i2/view?usp=sharing