Estatuto de las personas cooperantes, clave para la nueva cooperación

Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.

La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes

La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.

¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.

Cooperantes en nuestras organizaciones

Según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 57% de ellas son mujeres. Presentes en 115 países, recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, con menos riesgos y con el respaldo legal pertinente.

El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.

Conversamos con cuatro cooperantes que trabajan en distintos lugares del mundo. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.

Colombia. Ignacio Diéguez Bodas, ISCOD.

CONTEXTO. Entre 1985 y 2018, según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios resultado del conflicto armado interno, en su inmensa mayoría civiles. A estas muertes hay que sumarles millones de víctimas de otras violaciones de derechos humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores o violencia sexual. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han continuado los ataques y asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con enormes brechas entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales y personas ricas y pobres.

Iscod trabaja, junto con organizaciones sindicales y ONG colombianas, en distintas regiones del país para incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población joven, luchar contra la violencia de género y mejorar los servicios públicos y comunitarios de atención a supervivientes, con especial atención a mujeres desplazadas y al colectivo LGTBI, y para fomentar una cultura de paz con justicia social.

PROPUESTAS. Como cooperante, Diéguez demanda que las instituciones españolas cumplan con sus compromisos internacionales y apuesten por alcanzar lo antes posible el 0,7% de la RNB para AOD. Asimismo, defiende la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la paz y el desarrollo socioeconómico justo, igualitario y sostenible. Con respecto al nuevo Estatuto de las personas cooperantes, defiende que este debería aportar mejoras en las condiciones laborales y vitales de este colectivo con medidas que apoyen la conciliación de la trayectoria profesional y familiar.

Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.

CONTEXTO. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.

La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.

Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.

PROPUESTAS. Para Imran kan es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.

Mozambique. Marta Sánchez, ONGAWA.

CONTEXTO. Desde 2017, Cabo Delgado sufre un intenso conflicto que, junto a los fenómenos climáticos extremos, ha provocado el desplazamiento de 80.0000 personas. La mayor parte ha buscado refugio en el sur, en casa de familiares; una situación que ha empeorado también estas zonas de acogida en las que los recursos son muy escasos. Por lo tanto, las necesidades de la población se han diversificado y aumentado de manera notable; esto ha hecho que convivan los proyectos de desarrollo, muy necesarios en la zona, con los programas de ayuda humanitaria. Tal situación obliga a las ONG que trabajan en la zona a adaptarse a la nueva realidad con flexibilidad; y exige también el apoyo de los donantes para adaptar las propuestas a una situación de emergencia tan cambiante.

PROPUESTAS. María Sánchez considera que la posición que tienen como cooperantes es aún vulnerable en algunos sentidos y eso debería mejorarse. Nombra, por ejemplo, la necesidad de contar con apoyos institucionales o administrativos en el momento en el que regresan a España después de un tiempo trabajando fuera; “es un proceso que no siempre es fácil, ni en términos laborales ni personales”. Considera también que, dependiendo del contexto, la posición de la persona cooperante respecto a la normativa migratoria puede ser ambigua y vulnerable; considera que, actualmente, el apoyo de las Embajadas y la Cooperación Española en este sentido es insuficiente.

Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.

CONTEXTO. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.

PROPUESTAS. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.