Madrid: cuando la salud nos cuesta el doble

La pandemia ha acelerado en algunas comunidades autónomas la tendencia a “externalizar” los servicios de salud. Como ejemplo, la reciente aprobación en Madrid del “alquiler” de camas en centros privados costeado con presupuestos públicos, gracias a la Orden 64/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Sanidad. El alquiler supone que las arcas públicas tendrán que desembolsar 734 euros diarios por cada paciente agudo que acojan las clínicas contratadas, una cantidad que puede superar los 2.000 euros/día en el caso de que precisen UCI. Al mismo tiempo, la administración regional ha rechazado contratar personal adicional para el hospital de emergencias Isabel Zendal.

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Nuestra organización entiende que en un contexto sanitario como el actual, con un sistema público de salud debilitado, hay que contar con todos los recursos disponibles y apoya la intervención de la red de recursos privados sanitarios para poner el cuidado de la salud de las personas por encima de todo, pero mostramos nuestro desacuerdo en:

• Que estos recursos económicos no se destinen a fortalecer del sistema sanitario público y a garantizar una capacidad suficiente de sus recursos humanos y materiales.
• Que la estimación económica de lo que nos costará este “alquiler” de camas se haya hecho sin transparencia y sin criterios claros. Como planteamos recientemente junto a otras organizaciones ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso, es imprescindible asegurar que las Administraciones Públicas que establecen conciertos para prestar servicios sanitarios con medios ajenos a ellas analizan, con carácter previo, la utilización óptima de sus propios recursos, y que esos conciertos no contradicen los objetivos previstos en los planes de salud, en los términos dispuestos en el art. 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Que la Comunidad de Madrid haya realizado una inversión millonaria para dar supuestamente respuesta a un escenario de pico pandémico como el actual, y sin utilizar toda esta infraestructura se deriven pacientes a la red hospitalaria privada con la duplicidad de costes que esto supone.
• Que no se haya reforzado una Atención Primaria muy debilitada ya antes de la pandemia, lo que está impidiendo atender satisfactoriamente a los pacientes infectados por la COVID-19, acometer la prevención y rastreo de nuevos casos de una manera eficaz ni activar medidas de intervención comunitaria que minimicen el impacto de la pandemia en toda la población y especialmente entre la más vulnerable. Exigimos aumentar la dotación presupuestaria destinada a Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del gasto público sanitario en un plazo máximo de 4 años.

Tras la durísima primera ola de la pandemia, la ciudadanía lanzó un mensaje claro que hasta ahora no ha sido escuchado: hay que defender y reforzar nuestro sistema público de salud.

Si España mantenía uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo -el número 15 en el ranking global, según el Global Health Security Index-, este ha sido castigado por una década de recortes que han limitado enormemente sus capacidades, especialmente en áreas como la salud pública, carencias que se han puesto en evidencia en esta epidemia.

En la última década, el negocio de la sanidad privada ha crecido a costa del deterioro de la pública. En estos momentos, la percepción sobre el debilitamiento del SNS es palpable. Sabemos que una deficiente financiación pública conlleva la pérdida de calidad de los servicios asistenciales y como consecuencia, crea en la ciudadanía que puede costeárselo la necesidad de suscribir seguros privados, que, aunque difícilmente cubrirás las patologías más graves, generan sensación de seguridad.

Por eso es clave aumentar la financiación sanitaria y hay que hacerlo ya: pedimos la subida del gasto sanitario en 1.000 euros por habitante y año y el aumento del personal de medicina y enfermería con un mínimo de un médico/a de familia y un enfermero/a comunitario más por cada 10.000 habitantes en los próximos 2 años.

Ni en pandemia paran los recortes

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Las consecuencias evidentes de la política de recortes que arrastramos en los últimos años en España, y que se han agravado con la reciente crisis, son varias, y todas preocupantes: una es el déficit de camas hospitalarias, que se encuentra entre 50.000 y 70.000. Otra, la precariedad con la que trabaja el personal sanitario (de medicina, enfermería, administración y trabajo social), que lleva años reclamando mejoras en sus condiciones laborales sin que estas sean atendidas y que han hecho un esfuerzo sin precedentes durante la pandemia.

España cuenta en la actualidad con uno de los gastos sanitarios más bajos por habitante de la zona euro (1.667 euros frente a 2.660 euros de promedio de la Unión Europea, según Eurostat). En el caso del sistema público madrileño, su deterioro ha sido notable en los últimos años debido a las políticas que han potenciado la búsqueda de rentabilidad del sector sanitario privado, como refleja el informe de Audita Sanidad, en el que se documenta que el sector privado controló el 49,4% del presupuesto sanitario.

Es ahora o nunca: estamos en un momento de riesgo real para el sistema. O blindamos la cobertura y la capacidad del sistema nacional de salud o caminaremos hacia un sistema de seguros privados solo al alcance de quien se los pueda pagar. Y si ese cambio de modelo se produce será casi imposible de revertir.